Dr. Carlos Machuca Fuentes[i]
Introducción.
El estudio de la teoría del proceso como disciplina es reciente. Descubrir las relaciones que se materializan en un proceso y desenvolvimiento del mismo es objeto del derecho procesal. No hay que perder de vista de que, modernamente, el derecho procesal como ciencia es un conjunto unitario con diversas manifestaciones, correspondiendo a un estudio dogmático relacionado a la construcción de conceptos ajustados a la época, a las necesidades del proceso y al desempeño de la función jurisdiccional del Estado moderno. A decir de Niceto Alcalá y Zamora la teoría general del proceso – o derecho procesal – es la “exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento”[ii]. Por tanto, nos dirigimos hacia una unificación de la ciencia procesal cualesquiera fueran sus manifestaciones – civil, penal, laboral, etc – dejándose de ver al proceso como uno de naturaleza pública o privada. En este marco conceptual, debemos resaltar que la nulidad es uno de los institutos procesales que mayor atención ha recibido dentro de los últimos años. El proceso penal peruano tal y como lo contempla el Código de Procedimientos Penales (C. de P.P.) no contempló explícitamente la regulación de la nulidad como veremos mas adelante. Ello ha hecho que por extensión se apliquen otras normas colaterales que inciden sobre la nulidad[iii], especialmente en lo referido a la impugnación. Sin embargo, la importancia del instituto requiere que nos detengamos por un momento para considerar sus alcances jurídicos.
La nulidad como instituto jurídico. Hacia una definición.
En Roma - cuna de muchas instituciones del derecho – la nulidad existía como una situación de hecho puesto que dado el carácter formalista del proceso, lo nulo sencillamente no existía y se originaba de cualquier contravención. Ello tenía explicación en que al no existir ciencia procesal, el procedimiento - simple formalismo - era anexo a la discusión de la litis. Posteriormente apareció la distinción entre la nulidad convalidable y la nulidad insalvable apareciendo las bases para distinguir entre la nulidad y la anulabilidad. Sin embargo el abuso de esta institución originó arbitrariedades, proliferando las declaraciones de nulidad por los jueces – situación similar a la actualidad en que la gran parte de los procesos penales son declarados nulos evitando así un pronunciamiento sobre el fondo – ocasionando que
Por otro lado, al no existir ciencia procesal – esta apareció en toda su dimensión recién a inicios del siglo XX, especialmente con
Los procesalistas han pretendido definir la nulidad como una situación extraña que afecta al proceso. Así Couture señala que la nulidad es el apartamiento de las formas establecidas por ley. Alsina conceptualiza a la nulidad como sanción por la cual la ley priva un acto jurídico de sus efectos normales. Palacio y Podetti conciben a la nulidad como la ineficacia del acto procesal. Pero una definición mas adecuada a estos tiempos podría ser que la nulidad es el estado de anormalidad de un acto procesal, debido a la ausencia o la presencia defectuosa de los requisitos que condicionan su existencia regular[v]. Teniendo en cuenta esta definición, podemos señalar que la nulidad tiene dos aristas: una relacionada a los vicios extrínsecos relacionado al incumplimiento de una formalidad establecida en el ordenamiento procesal y vicios intrínsecos consistente en la falta de requisitos de fondo del acto jurídico procesal.
La nulidad en el Código de Procedimientos Penales.
Como hemos señalado la nulidad no se encontraba contemplada en el Código adjetivo del 40. Ello en el entendido de que la reforma procesal iniciada con el Código de 1920 representaba una transformación de la justicia penal de esos años, predominantemente inquisitiva. La “reforma” de los veinte no duró muchos años y la codificación del 40 pretendió, bajo la influencia del sistema mixto, lograr la modernización de la justicia[vi] y en ese afán no se dedicó mayor espacio a la nulidad. El denominado “Recurso de nulidad” contemplado en el artículo 298 del C. de P.P., solo opera a mérito de impugnación, originando que nuestros tribunales en lo penal naveguen entre la resolución de la impugnación y la “búsqueda exhaustiva” de causales de nulidad en el proceso, pues lo que se consigue es retrotraer al proceso a un estado anterior, circunstancia que se puede convertir en repetitiva - así tenemos muchos procesos donde las sentencias son declaradas nulas y finalmente las acciones penales prescriben causando desazón en la ciudadanía -. Es decir nos encontramos ante la nulidad como sustento de impugnación de las sentencias y no como regulación para subsanar defectos en el transcurso del proceso. Es mas, el artículo
Principios generales que rigen en materia de nulidad en el Código Procesal Penal del 2004.
1.- Principio de Legalidad.- La nulidad se sanciona solo por causal que la ley procesal señala, lo que importa que las mismas estén previstas expresamente[viii]. Este principio aparece enunciado en el artículo 149 del Código Procesal Penal (CPP). Empero si la norma no contempla en forma precisa una sanción para el incumplimiento de un acto procesal, este puede considerarse nulo cuando importe una irregularidad grave y sobre todo que afecte el debido proceso. Ello, conocido en la doctrina como nulidad implícita, se explica porque nos encontraríamos ante la vulneración de una garantía de la administración de justicia que es necesario reparar, lo que importa por otra parte que la nulidad debe ser grave y trascendente para ser declarada como tal.
2.- Principios de Convalidación, Protección, Eventualidad, Trascendencia y Finalidad de los actos procesales. Una lectura atenta de los artículos 151, 152 y 153 del Código Procesal Penal, nos lleva a la conclusión que además del principio de legalidad el código Acoge otros principios procesales, siendo los principales:
Principio de convalidación.- La convalidación es uno de los elementos mas estudiados por la ciencia procesal moderna, en el entendido de que debe propugnarse la preservación del acto procesal, salvo que exista un defecto grave que impida su convalidación; distinguiéndose dos tipos de convalidación; es expresa cuando la parte perjudicada ratifica el acto viciado y tácita cuando no se efectúa impugnación alguna al acto viciado.
Principio de Protección del acto procesal.- como lo señala Gozaini, el principio tomo cuerpo en vía de impugnación y pretende otorgar razonabilidad a las nulidades que se deduzcan, requiriendo entre sus condiciones específicas que quien promueve la impugnación no haya dado lugar con sus actos, al vicio que denuncia, ello en observancia del precepto “nemo auditur propiam turpitudine allegans” (nadie puede alegar su propia torpeza) no siendo lícito admitir que las partes ejerciten actos contrarios a los que la otra parte de buena fe acepta[ix].
Principio de Eventualidad. Llamado también de “preclusión” que busca orden claridad y rapidez en la marcha del proceso, entendiéndose al mismo como una división de momentos o periodos fundamentales en los cuales se reparte el ejercicio de la actividad de las partes, siendo que agotado un periodo si no existe cuestionamiento al mismo, resulta perjudicial que alguna de las partes pretenda retrotraer el mismo a un estado anterior[x]. La aplicación de este principio tiene mucha relación con el saneamiento, que importa una “purificación del proceso” por lo que advertida la nulidad deben subsanarse los defectos de oficio – en caso de las nulidades absolutas – o a instancia de partes, no pudiéndose retrotraer el proceso a una instancia anterior salvo lo expresamente previsto por el Código.
Principio de Trascendencia.- No hay nulidad sin perjuicio o daño, es decir no basta la infracción de la formalidad, sino que debe existir perjuicio, precisamente para ello sirve la nulidad: corregir dicho daño y por ello la norma procesal penal permite conocido el daño el afectado debe instar la nulidad[xi] Si se acepta expresa o tácitamente los efectos del acto procesal mal podría esperarse una ocasión posterior para cuestionarlo.
Principio de Finalidad.- Ello tiene que ver con objeto mismo del acto procesal. Un acto procesal subsiste cuando cumple el objeto para el cual es creado, por ende no es nulificable. Así, aún cuando existe un defecto - esencialmente de formalidad – si se logra que el proceso no se vea entorpecido o afectado por dicho defecto, debemos entender que cumplió sus fines, no siendo pertinente argumentar nulidad por el defecto.
3.-
- Cuando el Ministerio Público o los demás sujetos procesales no hayan solicitado oportunamente su saneamiento, en el entendido que no tienen reclamación alguna sobre el acto defectuoso, siempre que el defecto no sea absoluto.
- Cuando quienes tengan derecho a impugnarlo hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.
- Si, no obstante su irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto a los terceros o si el defecto no ha afectado los derechos y facultades de los intervinientes.
Clases de Nulidad
La codificación procesal penal del 2004 se ha inclinado, al establecer las categorías de la nulidad, solo por las denominadas nulidad absoluta y nulidad relativa, dejando de lado o subsumiendo en las mismas a la denominadas “inexistencia de actos procesales” - ausencia de requisitos esenciales para la existencia de un acto procesal como tal - y la “anulabilidad e irregularidad de los actos”[xii], la primera relacionada con la facultad del perjudicado a solicitar la invalidación y la segunda relacionada a vicios no muy graves que no producen indefensión o crisis del debido proceso y generalmente ocasionan una sanción disciplinaria al causante de la irregularidad .
1 .- Nulidad absoluta.- Dentro de la denominada “legalidad” la codificación peruana contempla la denominada nulidad absoluta, lo que importa la existencia de un acto procesal gravemente viciado. Ello permite también la declaración “de oficio” de la nulidad. Debe distinguirse entre la nulidad absoluta – lo que importa que el acto tiene apariencia externa de legitimidad y requiere ser invalidado – de la denominada “inexistencia de actos procesales” que presupone la ausencia de requisitos esenciales para la constitución del mismo (ejemplo, una sentencia dictada por alguien que no es Juez) que incluso no requiere de declaración alguna que lo invalide, pues en puridad se le reputa como no existente. A tenor de lo señalado en el artículo 150 del CPP, la nulidad absoluta se presenta en los siguientes casos:
a) Cuando se vulnera un derecho fundamental como lo es el derecho a la defensa del imputado (intervención, asistencia y representación por letrado, cuando sea obligatoria su presencia). En sentido amplio, desde que una persona es intervenida por autoridad competente, tiene derecho a ser asistida por letrado. Se extiende este derecho a la actuación a nivel policial. Inclusive durante la fase de investigación preparatoria – que comprende las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha – el imputado goza de este derecho, que no solo incluye la circunstancia de tener letrado sino de efectuar su adecuada defensa, prestando su descargo, siendo oído por el ente investigado. Por ejemplo, la vulneración del derecho a ser oído y formular su defensa en los casos donde se promueva el proceso inmediato – artículo 446 del CPP, supuestos de flagrancia, confesión o existencia de elementos de convicción suficientes – ocasionará la nulidad de la acusación en los casos en los que el Juez, en la etapa de saneamiento, se percate que no se ha permitido defenderse al imputado (ausencia de su declaración), aún cuando haya sido sorprendido en flagrante delito. Lo que se propugna es conservar incólume un derecho como el de la defensa que no debe encontrar restricciones en su ejercicio [xiii].
b) El derecho al Juez natural es otro derecho que conjugado con el debido proceso, significa que nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción y por tanto una vulneración de este derecho, que se traduce en la designación inadecuada de los órganos jurisdiccionales (no perdamos de vista que las actuaciones del Ministerio Público no constituyen actos jurisdiccionales) conlleva a la nulidad. En base a la garantía constitucional de que toda persona tiene derecho a ser juzgada por Juez competente preestablecido por ley.
c) La promoción de la acción penal y la subsiguiente investigación dentro de un proceso moderno esta reservada al Ministerio Público, por tanto las actuaciones de éste no pueden ser delegadas y en los casos que un acto específico requiera de su necesaria intervención (ejemplo el allanamiento) su no presencia vicia el acto y ocasiona nulidad que puede como se indica ser declarada inclusive de oficio.
d) La inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la constitución, permite declarar la nulidad absoluta. Con ello el legislador establece una cláusula de “numerus apertus” resumiéndose la misma en que, cualquier acto procesal que afecte derechos y garantías contempladas en
2.- Nulidad relativa.- Se encuentra referida a que, un acto procesal si bien se encuentra afectado, la misma no es de tal gravedad que exista la obligación de invalidarlo a diferencia de la nulidad absoluta en la que el Juez tiene la obligación de anular el acto contrario a derecho. El artículo 151 del CPP, establece las siguientes reglas:
a) Cuando el afectado por la nulidad efectúe la reclamación pertinente.
b) La solicitud de nulidad debe describir el defecto y proponer la solución. Ello a fin de evitar argumentaciones dilatorias que busquen afectar el proceso. El incumplimiento de este requisito originaría – en caso de solicitud de parte – la inadmisibilidad del pedido.
c) Se establece como plazo para solicitar la nulidad como máximo el quinto día de haber conocido el defecto.
d) No puede alegarse nulidad en beneficio propio – cuando quien la haya propiciado lo solicite, haya concurrido a causarla o no tenga interés en el cumplimiento de la disposición vulnerada -, ello porque motivaría la existencia de articulaciones que solo perjudican al proceso. Esto cobra mayor importancia pues se prohíbe la nulidad cuando exista deliberación de la sentencia de primera instancia, o si se verifica en el juicio luego de la verificación de la sentencia de la instancia sucesiva. En estos casos el denominado “principio de preclusión de los actos procesales” importa que cerrada una etapa procesal, no puede reabrirse la discusión sobre la validez de las etapas anteriores.
El saneamiento procesal.
Como hemos indicado el saneamiento es la purificación del proceso y su finalidad es precisamente el subsanar cualquier defecto del proceso, salvo que este sea convalidable. El saneamiento como lo señala el artículo 153 de la norma, busca que el proceso no se retrotraiga a estados anteriores y para ello permite renovar el acto viciado, rectificar o cumplir una omisión siempre que ello fuere posible. El saneamiento es un tamiz de la actividad judicial en el proceso penal. Sin embargo el saneamiento no procederá - acorde con lo señalado en el artículo 152.2 - cuando el acto irregular no modifique, de ninguna manera el desarrollo del proceso ni perjudique la intervención de los interesados.
Los efectos de la nulidad.
Los alcances de la nulidad son diversos y se encuentran enunciados en el artículo 154 del Código. Tenemos los siguientes:
- La nulidad de un acto afecta a todos los demás actos dependientes de este. Ello en el entendido de que si el acto primigenio esta viciado, los restantes que tengan directa incidencia con éste no pueden ser validados (reacción en cadena). Sin embargo existe la obligación de que el Juez precise los actos dependientes, en aras de eliminar la confusión entre las partes.
- Los defectos deben ser subsanados, cuando sea posible renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido. Esta subsanación debe buscar en lo posible no afectar sino en lo mas estrictamente necesario la secuencia del proceso.
- La declaración de nulidad conlleva la regresión del procesa al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Este es uno de los efectos mas importantes de la nulidad, habida cuenta su carácter “reparador”. En el inciso 3 del artículo 154 se hace nuevamente la salvedad de que no se puede retrotraer el proceso a etapas ya concluidas, salvo que exista mandato superior.
- Finalmente, la declaración de nulidad de actuaciones realizadas durante la investigación preparatoria no importa la reapertura de ésta. Ello en consideración a que esta etapa del proceso no constituye acto jurisdiccional. Concordante con ello las nulidades declaradas durante el desarrollo del juicio no retrotraen el proceso a la etapa de investigación o a la intermedia, ello nuevamente, en aplicación del principio de preclusión.
Conclusión.
El tratamiento de la nulidad en el proceso penal importa un cambio en la forma como este instituto se inserta en los procesos penales, impidiendo que las articulaciones que actualmente se deducen en el proceso bajo el Código de Procedimientos Penales se reduzcan sustancialmente. Ello porque a falta de una norma expresa, ha sido practica usual especialmente de la parte procesada o acusada, deducir nulidad de actuados retardando innecesariamente el proceso y propiciando en muchos casos que el proceso prescriba, creando una mala imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía pues pareciera que se fomenta la impunidad. No podemos negar que la nulidad se va a presentar en algunos casos con la nueva norma procesal penal, sin embargo lo que se busca es reducir al mínimo estas anormalidades y sobre todo evitar convertir a la nulidad en un “caballito de batalla” que solo busque la dilación del proceso.
[i] Juez Provisional del Tercer Juzgado Penal de Ica. Integrante de
[ii] Citado por Beatriz Quintero – Eugenio Prieto, Teoría General del Proceso, Editorial Temis, Bogotá 2000, pg.2
[iii] El Código Procesal Civil contempla en su Segunda Disposición Complementaria que las normas de dicho Código son aplicables supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, lo que se interpreta como una “supremacía” de la norma procesal civil, respecto a las demás.
[iv] Ver, Alzamora Valdez, Mario, Derecho Procesal Civil, Teoría General del Proceso, Editorial Lumen, Lima 1953, pg.43.
[v] Díaz Vallejos, José, Manual de Teoría del Proceso, Editorial de
[vi] Ver, Exposición de Motivos en Código de Procedimientos Penales, Fernando Guzmán Ferrer, Editorial Científica SRL, Lima 1977, pg. 09
[vii] Así lo señala una Ejecutoria de
[viii] Ver, Carrión Lugo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Editorial Grijley, Lima, Mayo 2007,pg. 402
[ix] Ver Gozaini, Osvaldo A. Teoría General del Derecho Procesal, Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina 1996, pg. 316,317
[x] Devis Echeandía, Hernando, Teoría General del Proceso, Tomo I, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1984, pg 38 , 39.
[xi] Ver Carrión Lugo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Editorial Grijley, Lima, mayo del 2007, pg 403.
[xii] Ver Gozaini, Osvaldo A. Teoría General del Derecho Procesal, Editorial Ediar, Buenos Aires, Argentina 1996, pg. 308,311
[xiii] De acuerdo al artículo 8.1 de
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